Sin Redundar - Carlos Avendaño

Dos años después, el silencio sigue siendo la respuesta. Hay silencios que ofenden más que cualquier declaración. Y uno de estos silencios, es el que denuncia la familia de Héctor Melesio Cuén Ojeda. A casi dos años de su asesinato, su hijo, Héctor Melesio Cuén Díaz, hizo pública una realidad que debería de preocupar a cualquiera: asegura que, pese a solicitar información en repetidas ocasiones, la Fiscalía General de la República no les ha informado sobre los avances de la investigación. No pidió privilegios, no exigió trato especial, simplemente está pidiendo algo elemental para cualquier víctima: saber qué está haciendo la autoridad para esclarecer un crimen que conmocionó a todo Sinaloa y a gran parte del país. Si esta comunicación ha faltado, como sostiene la familia, el problema no es únicamente jurídico, es también humano. Porque detrás de cada carpeta de investigación hay personas que esperan respuestas, no solamente oficios sellados. El homicidio de Héctor Melesio Cuén Ojeda no fue un hecho cualquiera. Ocurrió en uno de los momentos más convulsos de la historia reciente de México y desde entonces ha estado rodeado de versiones, hipótesis y especulaciones que han alimentado el debate público. Precisamente por esto la obligación de las autoridades es mayor. Mientras más relevante sea un caso, mayor debe de ser el compromiso con la transparencia, dentro de los límites que permite una investigación en curso. La reserva de ciertos datos puede ser necesaria para no afectar las indagatorias, pero lo que difícilmente puede justificarse es la ausencia total de comunicación con quienes buscan justicia. La confianza en las instituciones no se construye únicamente capturando responsables, sino que también se fortalece informando a las víctimas sobre el estado de las investigaciones. Cada día que pasa sin respuestas deja espacio para nuevas dudas. Y cuando las dudas crecen, la credibilidad de las instituciones se reduce. La FGR tiene la responsabilidad de investigar con independencia y de respetar el debido proceso, pero también tiene el deber de mantener una comunicación adecuada con las víctimas, conforme a la ley y sin poner en riesgo las diligencias. Al final de cuentas, la exigencia de la familia Cuén Díaz no parece desproporcionada, tan solo está pidiendo conocer los avances. Pide ser escuchada, pide que el caso no quede atrapado entre el silencio burocrático y el paso del tiempo. Porque la justicia que tarda demasiado corre el riesgo de convertirse en una justicia que ya no satisface a nadie. Y en un caso que marcó la vida política de Sinaloa y del país, el silencio institucional nunca debería ser la respuesta permanente…

Cuando una frase vale más que un discurso. En ocasiones, una sola frase logra sacudir más el tablero político que una conferencia de prensa completa. Esto ocurrió cuando la periodista Paola Rojas, durante el podcast “Cuarto para las Cuatro”, lanzó una reflexión que rápidamente se volvió viral: “Si Rubén Rocha cayera solo, ya lo habrían entregado”. No presentó una prueba, no afirmó que así ocurriera, expresó una opinión política. Y, como suele suceder cuando una figura con amplia audiencia plantea una hipótesis de este calibre, el debate se enciende de inmediato. ¿Por qué esta frase tuvo tanto eco? Porque toca el punto más sensible de toda crisis política: la percepción. Cuando un caso permanece durante meses en la conversación pública sin disipar completamente las dudas, cualquier declaración de una voz influyente encuentra terreno fértil para multiplicarse. Esto fue precisamente lo que ocurrió. En la mesa de análisis participaron también: Gina Jaramillo, Yuriria Sierra y Carolina Hernández Solís, quienes abordaron las implicaciones políticas del caso y el costo que, desde su perspectiva, puede representar para el oficialismo mantener una controversia de esta magnitud en el centro del debate nacional. Mientras tanto, Rubén Rocha Moya, ha rechazado públicamente los señalamientos que se han formulado en su contra y ha sostenido que compareció ante las autoridades mexicanas, insistiendo en que las acusaciones son falsas. Ahí se encuentra el verdadero dilema, no es únicamente un debate jurídico, es también una disputa por la narrativa. Por un lado, quienes consideran que el caso tiene implicaciones políticas de gran alcance, por otro lado, quienes sostienen que se trata de señalamientos sin sustento y de una campaña de desprestigio. En medio queda la ciudadanía, tratando de distinguir entre versiones, opiniones, declaraciones y hechos. Porque una democracia saludable no debería construirse sobre rumores, pero tampoco sobre silencios prolongados. Las instituciones tienen la responsabilidad de investigar, los periodistas tienen el derecho de cuestionar, y los funcionarios públicos tienen la obligación de rendir cuentas. Al final de cuentas, la frase de Paola Rojas no resuelve el caso, pero sí retrata el momento político que vive. Cuando una opinión genera tanto impacto, no necesariamente revela una verdad, lo que revela es el tamaño de la incertidumbre que todavía rodea al asunto. Y mientras esta incertidumbre no sea sustituida por información clara, verificable y suficiente, el debate seguirá creciendo. Porque en política, las crisis no siempre se alimentan de las pruebas, muchas veces se alimentan de las dudas que nadie consigue disipar…

Todos tienen oportunidad, ¿De verdad? En la política mexicana hay discursos que envejecen muy rápido. Uno de ellos es este que asegura que “todos los jóvenes tienen las mismas oportunidades”, y suena bonito. Lástima que la realidad casi nunca acompaña al discurso, porque esto fue lo que sostuvo Omar López Campos. Sin embargo, muchos ciudadanos recordaron que él mismo ocupó la Secretaría de Bienestar en Sinaloa mientras al mismo tiempo figuraba como suplente del flamante senador Enrique Inzunza Cázarez. Y ahí es en donde surge la pregunta, si todos tienen las mismas oportunidades, ¿Por qué algunos parecen acumularlas mientras otros apenas consiguen una? En política no basta con hablar de igualdad, también hay que practicarla. Porque la percepción ciudadana es clara: existen quienes deben recorrer durante años un camino lleno de obstáculos para aspirar a un cargo público y existen otros que parecen avanzar por una autopista de varios carriles. No necesariamente por sus méritos, sino porque cuentan con padrinos políticos, relaciones estratégicas o forman parte del grupo correcto, este es el caso de Omar López Campos el ahijado del ex gobernador Rubén Rocha Moya. Y vaya que este es el verdadero debate, no si Omar tiene la capacidad o no para desempeñar tantas responsabilidades públicas a la vez. La discusión es si el acceso a estas oportunidades ocurre en condiciones de igualdad realmente para todos los jóvenes sinaloenses. Porque cuando un funcionario sostiene que cualquier joven puede llegar, la sociedad inevitablemente compara este discurso con la realidad, y resulta que resalta, que la realidad suele ser menos generosa que las conferencias de prensa. En Sinaloa existen miles de jóvenes preparados, con estudios, con experiencia, con ideas, con ganas de servir. Muchos de ellos jamás han recibido una llamada para integrarse al servicio público. Otros llevan años tocando puertas que nunca se abren. Mientras tanto, hay quienes parecen tener siempre una puerta esperándolos. Quizá por esto la ciudadanía observa con escepticismo este tipo de mensajes, no porque rechace que los jóvenes participen en política, sino al contrario. Lo que se cuestiona es que las oportunidades parecen distribuirse con distintos criterios dependiendo del apellido, las relaciones o las cercanías con el poder. La igualdad de oportunidades no se demuestra con discursos, se demuestra cuando el mérito pesa más que las conexiones. Y mientras muchos jóvenes sigan preguntándose por qué unos acumulan responsabilidades y otros ni siquiera consiguen una oportunidad, el discurso seguirá sonando muy bien, pero convenciendo cada vez a menos personas…