Columna Periodística -Sin Redundar-
Por Carlos Avendaño 21 Julio 2026
Después de Ruffo Appel, ¿Quién sigue? La detención del exgobernador de Baja California, Ernesto Ruffo Appel, por presuntos delitos relacionados con el llamado “Huachicol Fiscal”, volvió a poner sobre la mesa una pregunta que incomoda tanto al oficialismo como a la oposición: ¿La justicia llegará parejo o seguirá avanzando por carriles distintos? Nadie puede sostener seriamente que un ex gobernador no deba responder ante la ley si existen pruebas suficientes en su contra, este principio debe aplicarse sin excepción. El problema aparece cuando la misma severidad no parece observarse frente a otros personajes del poder que, desde hace años, han sido mencionados en investigaciones periodísticas, denuncias públicas o señalamientos políticos relacionados con el contrabando de combustibles. Ahí aparecen nombres de alto perfil vinculados en el debate público con este tema: el senador Adán Augusto López; el gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal; el ex secretario de Marina, Rafael Ojeda Durán; así como diversos mandos navales y otras figuras políticas. En algunos casos existen investigaciones, procesos o detenciones de terceros; en otros, únicamente denuncias, versiones periodísticas o señalamientos de actores políticos. Hasta ahora, la situación jurídica de cada uno es distinta y la responsabilidad penal sólo puede establecerse mediante resoluciones de autoridad competente. También han existido denuncias presentadas ante la Fiscalía General de la República contra Andrés Manuel y Gonzalo López Beltrán -hijos de AMLO-. La sola presentación de una denuncia, sin embargo, no acredita responsabilidad alguna ni implica que exista una imputación formal, este es precisamente el punto. Si la Fiscalía General de la República considera que existen elementos para investigar a cualquier persona, debe de hacerlo sin importar el apellido, el partido o el cargo que ocupe. Y si no existen esos elementos, también debe decirlo con claridad. Lo que termina erosionando la confianza pública no es que una investigación concluya sin responsables, lo que la destruye, es la percepción de que algunos expedientes avanzan a toda velocidad mientras otros parecen dormir indefinidamente en un archivero. La captura de Ruffo Appel abre inevitablemente una comparación. Porque cuando un ex gobernador de oposición es detenido y, al mismo tiempo, continúan abiertas preguntas sobre otros personajes de la vida pública, la exigencia ciudadana es inevitable: que la ley se aplique con el mismo rigor para todos. No se trata de condenar mediáticamente a nadie, se trata de exigir un principio elemental de cualquier Estado de derecho. Que la justicia no tenga colores, que los expedientes no distingan partidos, y que las investigaciones no dependan de la cercanía con el poder. Porque si la ley sólo alcanza a los adversarios y nunca a los aliados, deja de parecer justicia, y comienza a parecer estrategia política…
La condena de Ismael “El Mayo” Zambada García, marca uno de los fallos más relevantes contra un líder histórico del narcotráfico mexicano. De acuerdo con la información disponible, un tribunal federal en Nueva York lo sentenció a cadena perpetua y ordenó el decomiso de 15 mil millones de dólares, después de que se declarara culpable de delitos relacionados con el tráfico de drogas hacia Estados Unidos. Durante el proceso, la Fiscalía estadounidense también sostuvo que, durante décadas, pagó sobornos a autoridades mexicanas para facilitar las operaciones del Cártel de Sinaloa. Desde el punto de vista político, la sentencia puede tener varias implicaciones: 1.- Cierra el proceso penal contra Zambada García, pero no necesariamente las investigaciones derivadas. En casos de esta magnitud, las autoridades suelen continuar con pesquisas sobre redes financieras, colaboradores y presuntos actos de corrupción vinculados al caso. 2.- Reaviva el debate sobre la infiltración del crimen organizado en las instituciones. Las acusaciones de sobornos forman parte de la narrativa presentada por los fiscales estadounidenses, aunque la responsabilidad penal de terceros requiere procedimientos independientes y pruebas específicas. 3.- El decomiso de 15 mil millones de dólares podría dar lugar a reclamaciones de víctimas sobre estos bienes, como ya han planteado las familias LeBarón ante la justicia estadounidense. En el caso de Sinaloa, es previsible que esta sentencia mantenga los focos encendidos sobre las investigaciones y las controversias políticas relacionadas con presuntos vínculos entre autoridades y el crimen organizado. Sin embargo, la condena de Ismael “El Mayo” Zambada García no constituye por sí misma una prueba de responsabilidad penal en contra de otros funcionarios, sino que cualquier imputación adicional debe de sustentarse en evidencia y de resolverse en los tribunales correspondientes...
Que la investigación alcance a todos. Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, si de verdad en México nadie está por encima de la ley, entonces las investigaciones deben llegar hasta donde conducen las pruebas, sin importar los apellidos, los parentescos o la cercanía con el poder. Estos últimos meses han surgido denuncias y señalamientos públicos relacionados con el Tren Interoceánico y con la participación de Gonzalo “Bobby” López Beltrán en tareas de supervisión honorífica del proyecto. También la oposición presentó denuncias para que estos hechos se investiguen. Precisamente por esto, lo que corresponde no es exonerar de antemano ni condenar desde la plaza pública, sino que corresponde investigar. Porque los mexicanos ya vimos lo que ocurre cuando las autoridades encuentran rápidamente un responsable sin agotar todas las líneas de investigación. La justicia pierde credibilidad cuando parece buscar culpables antes que la verdad. Si no existe responsabilidad alguna, una investigación seria también servirá para despejar dudas. Pero si existen elementos que ameriten acciones legales, entonces la ley debe aplicarse con el mismo rigor exigible para cualquier ciudadano. La confianza en las instituciones no se construye con discursos sobre igualdad ante la ley, se construye demostrando que esta igualdad también alcanza a quien tiene poder, influencia o vínculos políticos. La pregunta de fondo es sencilla: ¿La Fiscalía investigará con el mismo empeño a todos los señalados, sin importar quiénes sean?...
Sin Redundar y diciendo las cosas tal y como son. Suyos los comentarios estimados lectores…
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