Columna Periodística -Sin Redundar- Por Carlos Avendaño 10 Agosto 2026
¡Se acabaron las vacaciones y volvemos con más fuerza que nunca! Regresamos con las pilas recargadas, la mente clara y el compromiso de seguir informando, señalando lo que otros callan y dando voz a quienes merecen ser escuchados. Porque el descanso terminó, pero las historias continúan y la pluma está nuevecita. Hay muchísimo por contar, mucho por cuestionar y por construir. Gracias por seguir aquí. Lo mejor está por venir. ¡Estamos de regreso! A darle con Tokio…
La noticia que ningún padre debería recibir. Hay noticias que ningún padre merecería escuchar nunca jamás. Hay llamadas que destruyen a toda una familia para siempre. Y hay tragedias que, cuando se repiten una y otra vez, dejan de ser hechos aislados para convertirse en el retrato de un país que ha normalizado el horror. Después de días de búsqueda, la familia de Julio César “N” recibió la peor noticia imaginable: no regresó caminando por la puerta de su casa, no regresó abrazando a sus padres, sino que regresó dentro de bolsas de plástico -desmembrado- después de que las pruebas de ADN confirmaron que los restos encontrados en el Malecón Viejo de Culiacán corresponden al joven de apenas 21 años. Tan solo una frase de su familia resume todo el dolor que hoy se vive en casi todo Sinaloa: “Regresó, pero no como queríamos”. No existe discurso político alguno que sea capaz de borrar estas palabras. Mientras la familia compartía su ficha de búsqueda con la esperanza de encontrarlo con vida, las autoridades seguían sin informar públicamente quién lo asesinó, por qué ocurrió el crimen o quiénes serán llevados ante la justicia. Dicen que la investigación continúa, pero esta siempre continúa y nunca termina. Pero lo que rara vez continúa es la esperanza de las familias que esperan respuestas concretas. Cada caso que queda impune manda un mensaje devastador: en México desaparecer puede ser más fácil que obtener justicia. Y mientras esto ocurre, desde el poder siguen apareciendo conferencias, estadísticas, promesas y discursos, que intentan convencernos de que todo está bien y que todo marcha de lo mejor. Innegablemente que la realidad no se mide con diapositivas, porque la realidad tiene nombre y se llamaba Julio César “N” y tenía apenas 21 años, trabajaba, tenía una familia que lo esperaba. Pero hoy, esta familia se dedicó a preparar un funeral cuando hace apenas unos días organizaba brigadas de búsqueda. Esto es lo verdaderamente insoportable, los gobiernos que piden el voto prometiendo que devolverán la paz, que garantizarán la seguridad y que protegerán a los ciudadanos. Esta promesa es parte del contrato democrático, porque cuando la violencia continúa arrebatando vidas inocentes, la sociedad tiene todo el derecho de exigir resultados, cuestionar las estrategias de seguridad y evaluar, en las urnas, y de ver si quienes nos gobiernan han estado a la altura de esta responsabilidad. Sin lugar a dudas que estas próximas elecciones de 2027 ya están en camino, y será hasta entonces cuando los ciudadanos decidirán con la memoria o con el olvido. Porque no cabe duda que votar, también significa pasar lista a las promesas incumplidas. Hoy, más allá de los partidos, de los colores o de las ideologías, hay una verdad imposible de maquillar: una familia quedó destrozada como muchas otras más, un joven perdió la vida de la manera más brutal, y una comunidad vuelve a preguntarse: ¿Cuándo dejará de ser noticia que alguien salga a trabajar y nunca vuelva a su casa vivo? Que descanse en paz Julio César “N” y que la justicia esta que tantas veces llega tarde o que nunca llega, encuentre por fin el camino hacia este y otros tantos casos que quedan impunes…
La verdad también quedó en reserva. La Fiscalía General de la República decidió que el expediente del asesinato de Héctor Melesio Cuén Ojeda permanecerá bajo llave hasta 2031. Cinco años más de silencio oficial para un caso que, desde el primer día, ha estado rodeado de contradicciones, de rectificaciones y de preguntas sin respuesta. La explicación burocrática suena impecable: revelar información pondría en riesgo la investigación, esto afectaría las líneas de trabajo del Ministerio Público y podría perjudicar el interés público o la seguridad nacional. En otras palabras, la verdad es tan delicada que los ciudadanos no pueden verla. Y ahí es donde aparece la gran ironía mexicana: cuando una investigación no logra esclarecer un caso durante casi dos años, la solución institucional no es acelerar las respuestas, sino esconder las preguntas. La FGR afirma que la investigación sigue activa, perfecto. Pero toda la sociedad observa que el expediente más sensible de Sinaloa permanece cerrado, mientras las versiones públicas han cambiado más veces que un discurso de campaña. Primero fue un lugar, luego otro. Primero una hora, luego otra. Primero una narrativa estatal, después una federal. Y al final, lo único verdaderamente firme es el candado hasta el año 2031. La transparencia en México tiene un talento extraordinario: siempre encuentra una excepción: si el caso es menor, se publica, si el caso es importante, se reserva, y si el caso es explosivo, se clasifica hasta que la indignación expire por agotamiento. Lo más inquietante no es que la FGR proteja diligencias en curso; esto puede ser legítimo en ciertos momentos. Lo meramente preocupante es que el país se acostumbre a que los expedientes más relevantes desaparezcan del escrutinio público justo cuando más preguntas generan. Porque aquí no estamos hablando de un robo de bicicletas, sino que estamos hablando del homicidio de un ex rector, un ex presidente municipal de Culiacán, un ex diputado local y un ex diputado federal electo, un ex dirigente político y de una figura central de la vida pública sinaloense, en un contexto que además quedó vinculado al episodio que terminó con Ismael “El Mayo” Zambada en los Estados Unidos. La ciudadanía no exige que se revele cada diligencia ni cada línea de investigación, sino que exige algo mucho más básico: confianza. Y la confianza no se construye con carpetas selladas, ni oficios intimidatorios y ni plazos de media década. Resulta por demás que revelador que la institución advierta que cualquier servidor público que rompa la clasificación podría enfrentar sanciones penales y administrativas. Es decir, el Estado parece tener más claridad sobre cómo castigar a quien filtre información que sobre cómo ofrecer una explicación definitiva de los hechos. Mientras tanto, la familia afirma que no ha recibido ninguna información nueva, los medios siguen chocando contra el muro de la reserva y la sociedad observa cómo un caso de enorme trascendencia pública se convierte en patrimonio exclusivo de los archivos oficiales. En México, la justicia suele caminar despacio, pero la opacidad corre. Y cuando una investigación termina protegida por más candados que respuestas, el mensaje que recibe la ciudadanía es devastador: la verdad también quedó en reserva…