Columna Periodística -Sin Redundar-
Por Carlos Avendaño 11 Agosto 2026
La UNAM: examen para entrar y examen para demostrar que aprobaste. Qué cosas tiene la vida académica, uno pensaría que entrar a la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) requiere estudiar, presentar un examen y esperar los resultados. Pero aparentemente faltaba una materia: “Cómo demostrar que realmente hiciste el examen que ya aprobaste”. La UNAM decidió retrasar dos semanas el inicio de clases para los estudiantes de nuevo ingreso y preparar un examen de control después de detectar posibles irregularidades en el proceso de admisión. Es decir, los muchachos hicieron su examen, recibieron un resultado y ahora tendrán que presentar otro para demostrar que el primero era verdaderamente suyo. Bienvenidos a la máxima casa de estudios, en donde hasta el aprobado tiene derecho a sentirse sospechoso. La explicación institucional tiene lógica: si existen indicios de fraude, de suplantación o de irregularidades, la universidad tiene la obligación de revisar el proceso y proteger la legitimidad de sus resultados. El problema es que cuando una institución presume ser una de las más importantes de América Latina, cualquier falla de este tamaño no es un simple tropiezo administrativo, sino que es una bofetada al sistema. Porque detrás de cada aspirante hay meses de preparación, familias haciendo esfuerzos económicos, jóvenes sacrificando tiempo y oportunidades para conseguir un lugar. Y ahora, muchos de ellos tendrán que cargar con las consecuencias de irregularidades que, en principio, no provocaron, y ahí está la verdadera injusticia. Si alguien hizo trampa, que responda, si alguien suplanta a otro aspirante, que se investigue, si alguien manipuló resultados, que se castigue. Pero sería bastante cómodo para las instituciones que el costo de sus propias fallas terminará pagándolo el estudiante que sí hizo las cosas de la manera correcta. Y entonces aparece la pregunta incómoda: ¿Cómo pudieron pasar las irregularidades en primer lugar? Porque para detectar un problema después del examen bastaría solo con revisarlo, porque para evitarlo antes, se necesita prevención, y ahí es en donde la autoridad debe explicar qué falló. Mientras tanto, algunos aspirantes ya salieron a protestar y bloquearon Insurgentes Sur para exigir que se respete el resultado original. La escena resulta casi surrealista: jóvenes que quieren comenzar su vida universitaria terminan aprendiendo -antes de pisar un salón- una de las materias más antiguas de la vida pública mexicana: “la burocracia”. Primero haces el trámite, después haces el examen, luego esperas el resultado, después haces otro examen para comprobar el resultado del primero, y, si todo sale bien, quizá finalmente puedas entrar a clases. Esto sí que seguramente también habrá que comprobar que efectivamente eres tú quien está sentado en el salón. La UNAM tiene una enorme responsabilidad, no solamente debe de garantizar que quienes ingresen tengan los conocimientos necesarios; también debe de recuperar la confianza en un proceso que, hasta ahora, ha quedado bajo cuestionamiento. Porque la excelencia académica no se demuestra con discursos, rankings ni ceremonias solemnes, sino que se demuestra cuando un estudiante puede tener la certeza de que su esfuerzo vale lo mismo que cualquier otro y que las reglas son iguales para todos. Y si hubo fraude, que se encuentre a los responsables. Pero que nadie pretenda convertir a los estudiantes en sospechosos por defecto, porque una cosa es aplicar un examen de control, y otra cosa muy distinta es que, después de tantos años de hablar de excelencia, la universidad termine dando una clase magistral de algo que México ya conoce demasiado bien: cuando el sistema falla, el ciudadano paga la reposición…
El último discurso del capo y el primer silencio del Estado. Qué ironía mexicana. Tuvo que ser un tribunal de los Estados Unidos el escenario en donde Ismael “El Mayo” Zambada pronunciara una frase que, en teoría, debería de escucharse todos los días desde los tres niveles de gobierno en nuestro querido país de México: “La violencia debe acabarse”. Resulta casi por demás absurdo que quien durante décadas fuera señalado como uno de los rostros más visibles del narcotráfico termine apelando a la paz, mientras miles de familias siguen buscando justicia, desaparecidos y respuestas que nunca llegan por parte del gobierno oficialista. No es momento de convertir las palabras de un capo en una lección moral y tampoco de romantizar su caída. Un discurso de arrepentimiento no borra décadas de violencia, de sangre, de miedo ni de comunidades enteras atrapadas entre el crimen y la ausencia del Estado. Pero sí exhibe una paradoja incómoda. Mientras un líder criminal acepta públicamente su responsabilidad ante un juez extranjero, en México todavía abundan funcionarios incapaces de reconocer un solo error, aunque los homicidios aumentan, las desapariciones se multipliquen o las instituciones pierden credibilidad. Aquí la costumbre es otra: nadie sabía, nadie vio, nadie escuchó. Todos heredan los problemas, pero nadie hereda las culpas. La sentencia de cadena perpetua del Mayo Zambada no devuelve la paz a Sinaloa ni resucita a las víctimas. Tampoco desmantela por sí sola las estructuras económicas, políticas y sociales, que permiten que el crimen organizado se reproduzca generación tras generación. Porque los capos no nacen en el vacío, sino que prosperan en donde falla la educación, en donde escasean las oportunidades, en donde la corrupción deja de ser excepción para convertirse en método de gobierno. El verdadero desafío no consiste en celebrar la condena de un hombre, sino que consiste en impedir que mañana otro adolescente vea en el narcotráfico la única escalera para salir de la pobreza o alcanzar el poder. Si el mensaje final de “El Mayo” sirve para algo, debería ser para recordar que el crimen organizado no es únicamente un problema de policías y de militares, sino que es también el resultado de décadas de impunidad, de complicidades y de abandono institucional. Porque mientras México siga produciendo las condiciones que alimentan a los cárteles, siempre habrá alguien dispuesto a ocupar el lugar del que hoy recibe cadena perpetua. Y está, más que la sentencia de un capo, debería ser la verdadera condena que nos preocupe como país…
¿Justicia o justicia selectiva? La detención de Ernesto Ruffo Appel cimbró a la clase política mexicana. No se trata de cualquier ex gobernador, sino que se trata del hombre que en 1989 rompió más de seis décadas de hegemonía PRIísta y que abrió la puerta a la alternancia democrática en México. Hoy enfrenta un proceso por presuntos delitos de delincuencia organizada y contrabando de combustible, derivados de una investigación de la Fiscalía General de la República. Como cualquier imputado, le asiste la presunción de inocencia y será un juez quien determine su responsabilidad. Sin embargo, la tormenta política no se desató únicamente por la detención, lo que encendió el debate fue la reacción del PAN. Jorge Romero Herrera, Dirigente Nacional del PAN, acusó al Gobierno Federal de aplicar una justicia de dos velocidades: una extraordinariamente rápida cuando se trata de los opositores, y otra desesperadamente lenta, cuando los cuestionamientos alcanzan a personajes cercanos a MORENA. Esto es un señalamiento político por demás que serio, porque la legitimidad de la justicia no depende únicamente de que castigue a quien pudo haber cometido un delito, sino que también depende de que aplique exactamente el mismo rasero para todos. Si las investigaciones contra Ruffo Appel están respaldadas por pruebas, que avancen hasta sus últimas consecuencias. Pero con el mismo criterio debería de avanzar todas las investigaciones relevantes, sin importar el partido, el cargo o la cercanía con el poder. La ley pierde fuerza cuando parece escoger cuidadosamente a quién alcanzar. El combate a la corrupción y al crimen organizado no puede convertirse en un instrumento de conveniencia política, sino que debe de ser una política de Estado. Porque cuando la ciudadanía empieza a preguntarse si la justicia tiene color partidista, el verdadero problema ya no es un expediente judicial, sino la credibilidad de las instituciones. En una democracia, la justicia no debe parecer imparcial, sino que debe serlo. Y esta imparcialidad se demuestra investigando con el mismo rigor a los adversarios y también a los aliados del oficialismo…
Sin Redundar y diciendo las cosas tal y como son. Suyos los comentarios estimados lectores…
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