Sin Redundar — Carlos Avendaño · Opinión
Opinión

Sin Redundar - Carlos Avendaño

Sin Redundar - Carlos Avendaño

Por Carlos Avendaño·15 de septiembre de 2026
Sin Redundar - Carlos Avendaño

Columna Periodística -Sin Redundar- Por Carlos Avendaño 15 Septiembre 2026

**730 días de violencia: ¿Y el plan para Sinaloa? **Dos años completos desde que la violencia comenzó a transformar la vida de miles de familias sinaloenses. 730 días de miedo, 730 días de incertidumbre, 730 días en los que salir de casa dejó de ser una decisión automática para convertirse, en muchos casos, en una pregunta: ¿Será seguro ir? Porque Sinaloa no solamente ha perdido vidas, sino que ha perdido tranquilidad, empleos, negocios, movilidad, confianza y, sobre todo, la sensación de que las instituciones pueden proteger a la gente. Y mientras desde los discursos oficiales se insiste en que algunos indicadores de violencia han disminuido, en las calles existe otra realidad, una realidad que no cabe en ninguna gráfica. Ahí está, por ejemplo, lo ocurrido recientemente en la colonia Galicia, en Culiacán, en donde varias familias que acudirían a recibir mochilas y útiles escolares tuvieron temor de salir de sus viviendas después de una balacera registrada días antes. Esto también es violencia. Cuando una madre piensa dos veces antes de dejar salir a sus hijos de casa, la estadística ya no alcanza para explicar lo que está pasando. Y qué decir de los niños. En Mazatlán, estudiantes tuvieron que refugiarse debajo de sus butacas durante una balacera, en lugar de estar jugando durante el recreo, estaban tratando de proteger sus vidas. ¿Qué clase de normalidad es esta? Según las cifras planteadas en este balance, durante estos 730 días se han acumulado: 3 mil 175 homicidios, 4 mil 125 personas desaparecidas, 174 niñas, niños y adolescentes asesinados, 344 menores desaparecidos, 12 mil 431 vehículos robados, alrededor de 3 mil familias desplazadas y 3 mil 948 negocios y comercios asaltados. Son números que deben contrastarse con las fuentes oficiales correspondientes, pero aun con cualquier ajuste estadístico, el problema sigue siendo demasiado grande para esconderlo detrás de un porcentaje. Y en materia de desapariciones existe otro problema todavía más grave: la desconfianza. Colectivos de búsqueda han señalado que las cifras podrían ser mayores y que son las propias madres buscadoras quienes realizan tareas que deberían corresponder a las instituciones. Por esto hay una frase que debería preocupar a cualquier gobierno: “no necesariamente están desapareciendo menos personas, quizá lo que está desapareciendo es la confianza en las instituciones”. Y mientras tanto, la economía también paga la factura. Se habla de pérdidas estimadas en alrededor de 170 mil millones de pesos, una contracción cercana al 35 por ciento de la economía estatal, unos 54 mil empleos perdidos y aproximadamente 7 mil empresas y negocios cerrados. Si estas estimaciones se confirman, entonces la crisis no es solamente de seguridad, sino que es una crisis económica y social. Por esto Sinaloa necesita algo más que operativos, necesita un Plan Integral de Recuperación para Sinaloa. Un plan con presupuesto, responsables, metas y fechas. Seguridad, sí, pero también carreteras, campo, agua, educación, salud, vivienda, infraestructura, empleo y atención a las familias desplazadas. Porque no se recupera un estado solamente colocando más patrullas en las calles. También hay que recuperar las condiciones para que la gente vuelva a trabajar, invertir, producir, estudiar y vivir sin miedo. El llamado: “Plan Michoacán”. demuestra que cuando existe voluntad política pueden concentrarse recursos y acciones en diferentes frentes. Entonces la pregunta es sencilla: ¿Por qué no puede hacerse algo similar en Sinaloa? ¿Por qué no existe todavía un gran acuerdo entre federación, estado, municipios, empresarios, productores, universidades y sociedad civil para rescatar al estado? Sinaloa no necesita otro diagnóstico, necesita decisiones. No necesita otro discurso de paz, necesita una estrategia de paz. No necesita que le expliquen que las cifras mejoraron, necesita sentir que su vida mejoró. Porque 730 días son demasiados para seguir esperando. Dos años son demasiado tiempo para que una madre tenga miedo de que su hijo salga a la calle. Demasiado tiempo para que un comerciante cierre las puertas de su negocio. Demasiado tiempo para que una familia abandone su comunidad. Demasiado tiempo para que los niños aprendan a esconderse debajo de una butaca cuando escuchan balazos. Sinaloa necesita recuperar el rumbo, y lo necesita ya. La pregunta queda sobre la mesa, esperando una respuesta de los gobiernos estatal y federal: ¿En dónde está el Plan de Recuperación para Sinaloa? Porque después de 730 días de violencia, los sinaloenses ya no quieren promesas, quieren resultados, y los quieren urgentemente…

Graciela: ¿Hay condiciones para salir o hay razones para protestar? La gobernadora interina de Sinaloa, Graciela Domínguez Nava, vio la marcha por la paz desde una perspectiva muy particular. Dijo que la movilización ciudadana es una muestra de que “hay condiciones para estar en la calle” y destacó que los sinaloenses puedan organizarse, manifestarse y recuperar los espacios públicos con libertad. Tiene razón en una cosa: qué bueno que la gente pueda salir a manifestarse sin miedo. Pero quizá hay otra lectura que tampoco debería perderse. Porque miles de sinaloenses no salieron a las calles para celebrar que existen condiciones para caminar, sino que salieron precisamente porque están cansados de tener miedo. No marcharon para decirle al gobierno que todo está bien, sino que marcharon para decirle que ya no quieren vivir así. Familias completas, colectivos de búsqueda, víctimas, empresarios, agricultores, jóvenes, adultos mayores y ciudadanos de todos los sectores caminaron vestidos de blanco para exigir seguridad. Y entonces aparece una pregunta que la gobernadora debería hacerse: ¿Qué fue exactamente lo que salió a manifestarse este domingo: la libertad de salir a la calle o el hartazgo de no poder vivir tranquilamente en ella? Porque ambas cosas pueden ser ciertas al mismo tiempo. Sí, es positivo que una sociedad pueda marchar, sí, es positivo que pueda expresarse, sí, es positivo que el gobierno respete esta libertad. Pero una democracia no se mide solamente por permitir que la gente proteste, también se mide por la capacidad de resolver las causas que obligan a la gente a protestar. Y ahí está el verdadero desafío para Graciela Domínguez Nava. La gobernadora interina de Sinaloa dijo que su administración seguirá profundizando el trabajo para restablecer “en su totalidad” la seguridad en todos los espacios. Pues bien, ahora toca demostrarlo, porque los sinaloenses ya hicieron su parte: salieron, caminaron, gritaron, exigieron, recordaron a sus víctimas, pidieron por sus desaparecidos, y hasta una niña de sexto de primaria tuvo que subir a una tribuna para pedir algo que debería ser un derecho elemental: crecer sin miedo. Esto no puede interpretarse únicamente como una señal de que “hay condiciones para estar en la calle”. También debe interpretarse como una llamada de atención al gobierno. Porque si las familias salen a marchar para recuperar la paz, significa que todavía sienten que esta paz no está recuperada. Y aquí no se trata de pedirle a la gobernadora que resuelva en quince días una crisis que lleva dos años. Esto sería por demás absurdo. Pero sí se le puede pedir que tenga un rumbo claro, que presente su estrategia, que tome decisiones, que revise a su equipo, que coordine a las instituciones, que explique qué va a cambiar, y que establezca metas que puedan ser evaluadas por la sociedad. Porque esto de “seguiremos trabajando” ya no alcanza. Los ciudadanos necesitan saber cómo, cuándo, con quién y con qué resultados. La marcha terminó, pero el reclamo no. Las pancartas se guardaron, pero el miedo sigue en muchas casas. Y la pregunta que quedó flotando en Culiacán no fue solamente si existen condiciones para salir a la calle, fue mucho más sencilla y mucho más dura: ¿Cuándo existirán condiciones para que los sinaloenses puedan vivir tranquilos? Ahí está la verdadera prueba para Graciela Domínguez Nava. Porque permitir una marcha pacífica es una obligación democrática. Recuperar la paz, en cambio, es una obligación del gobierno. Y entre una cosa y la otra, hay una enorme diferencia…

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