Columna Periodística -Sin Redundar- Por Carlos Avendaño 16 Septiembre 2026
El documento dice una cosa y estrellita marinera dice otra. ¿Quién dirá la verdad, el Registro Público de Comercio o la licenciada en turismo Estrella Palacios? Es ahí pues en donde está el verdadero real problema. Después de que trascendiera información relacionada con investigaciones financieras al empresario mazatleco Ricardo “El Pity” Velarde Cárdenas, la alcaldesa de Mazatlán, Estrella Palacios Domínguez, salió públicamente a negar cualquier vínculo de su familia con el empresario. Hasta ahí, todo se veía normal. Pero nadie puede ser culpable por conocer, hacer negocios o haber tenido una relación empresarial con alguien que posteriormente sea objeto de una investigación. Pero entonces es en donde aparecen los documentos. De acuerdo con la información del Registro Público de Comercio, Román Lizárraga Quintero, esposo de la alcaldesa mazatleca, sí apareció como socio fundador de “Operadora La Movida Sí Me Gusta, S.A. de C.V.”, empresa constituida en diciembre del año 2011 y registrada en febrero del año 2012. Y entre los socios también aparecía Ricardo “El Pity” Velarde. Más claro, ni el agua. Pero existe un detalle todavía más importante: los mismos documentos señalan que Román Lizárraga dejó de formar parte de esta sociedad en enero del año 2015, cuando vendió sus acciones a Ricardo “El Pity” Velarde y Jorge Armando Lizárraga Angulo. Es decir, aquí hay que poner las cosas en su justa dimensión. Sí hubo una relación empresarial, pero también es cierto que, conforme a estos documentos, esta sociedad terminó hace más de una década. Entonces el debate no debería de convertirse en un juicio anticipado contra nadie, porque el punto político es otro: ¿Por qué negar que existió una sociedad cuando aparentemente existen documentos públicos que muestran que sí existió? Porque una cosa, es decir: “Mi esposo fue socio hace años y posteriormente vendió sus acciones”, y otra cosa muy distinta es afirmar: “Mi esposo nunca fue socio”. Ahí es en donde aparece la gran contradicción. Y cuando quien habla es la presidenta municipal de Mazatlán, uno de los municipios más importantes de Sinaloa, la precisión importa todavía muchísimo más. Sobre todo, porque el bello puerto de Mazatlán no está para medias verdades ni medias mentiras. Los “pata saldas” tienen todo el derecho de saber qué es lo que ocurrió, cuándo ocurrió, quiénes participaron y cuándo terminó aquella relación empresarial, y punto. Esto tampoco significa que Román Lizárraga tenga actualmente participación en los negocios de “El Pity” Velarde, ni que la antigua sociedad implique por sí misma alguna conducta ilegal. Una relación empresarial pasada no constituye una prueba de delito, pero tampoco puede borrarse de la historia con una declaración pública. Los documentos registrales están precisamente para esto: para dejar constancia de quién fue socio, cuándo entró, cuándo salió y qué movimientos societarios se realizaron. Ahora bien, si existen investigaciones financieras contra Ricardo “El Pity” Velarde, corresponderá a las autoridades el determinar si hubo alguna irregularidad y quiénes, en su caso, tendrán dicha responsabilidad. No a las redes sociales, no a los rumores, no a los columnistas, no a las autoridades competentes. Pero políticamente la pregunta queda flotando en Mazatlán: ¿Por qué la alcaldesa negó una relación empresarial que, según los documentos citados, sí existió? ¿Sería algún desconocimiento? ¿Una imprecisión de su parte? ¿O simplemente se quiso evitar que el pasado empresarial de su esposo fuera relacionado con el escándalo actual? Porque una cosa sí que nos queda por demás clara: El pasado empresarial no se puede modificar con un boletín de prensa. Y si los documentos dicen que hubo sociedad, lo correcto sería reconocerlo, explicar cuándo terminó y dejar que las autoridades hagan su trabajo respecto de cualquier investigación. En política, la transparencia no consiste en negar lo incómodo, sino que consiste en explicarlo. Porque cuando un documento oficial dice una cosa y un funcionario público dice otra, el ciudadano tiene todo el derecho de preguntar: ¿A quién le creemos entonces?...