Columna Periodística -Sin Redundar- Por Carlos Avendaño 1 Octubre 2026
Amílcar Olán: la presidenta respondió, pero la pregunta sigue en el aire. El caso de Amílcar Olán llegó hasta Palacio Nacional. Después de que el periodista Irving Pineda, de Azteca Noticias, localizara al empresario en Lugano, Suiza, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo fue cuestionada directamente en la mañanera sobre los señalamientos periodísticos que lo relacionan con presuntas irregularidades, negocios y su cercanía con “Andy” López Beltrán. La pregunta fue por demás directa: ¿Amerita este caso que la Fiscalía General de la República abra una carpeta de investigación? Y la respuesta presidencial también fue directa, aunque dejó bastante tela de dónde cortar. Sheinbaum Pardo dijo que cualquier persona contra la que existan pruebas de una ilegalidad debe ser investigada, pero aclaró que no corresponde abrir una carpeta simplemente porque un medio de comunicación publique un reportaje. Hasta ahí, jurídicamente, podrías parecer una postura razonable. La Fiscalía necesita pruebas, no titulares. Pero entonces viene la pregunta incómoda: ¿Y qué hace la Fiscalía con las pruebas que ya han sido presentadas públicamente? Porque aquí no estamos hablando únicamente de que un periodista encontró a Amílcar Olán en Suiza. El reportaje de Azteca Noticias puso nuevamente sobre la mesa una serie de señalamientos que durante años han circulado en investigaciones periodísticas sobre sus relaciones empresariales y políticas. Y existe otro dato que no podemos perder de vista. El pasado 16 de septiembre, la fiscal general Ernestina Godoy aseguró que no existían órdenes de aprehensión en contra de Amílcar Olán ni contra “Andy” López Beltrán. Ahora la presidenta dice: “Que la Fiscalía actúe como debe de actuar, siempre”. ¡Pues ahí está la pelota en juego! Porque si existen elementos suficientes, que se investigue, si no existen, que también se explique públicamente por qué no. Lo que no debería ocurrir es que un expediente tan polémico termine atrapado en el limbo de: “No hay investigación porque no hay pruebas”, mientras desde los medios se siguen difundiendo audios, contratos, relaciones empresariales y nuevos elementos que merecen, por lo menos, una explicación institucional. Y que quede claro: una investigación periodística no equivale a una sentencia. Los señalamientos contra Amílcar Olán no pueden convertirse automáticamente en culpabilidad. Esto corresponde determinarlo a las autoridades competentes y, en su caso, a los tribunales. Pero tampoco una investigación periodística debe de ser descalificada simplemente porque proviene de un medio. La pregunta correcta es mucho más sencilla: ¿Existen elementos que puedan constituir un delito? Si la respuesta es sí, investiguen, pero si la respuesta es no, expliquen el por qué. Porque mientras la prensa hace su trabajo y localiza al empresario en Lugano, Suiza, la Fiscalía tiene que hacer su trabajo que es determinar si existen o no elementos jurídicos para actuar en consecuencia. Y esto no se resuelve con mañaneras, se resuelve con expedientes, con pruebas y con resultados. Ahora veremos si la Fiscalía toma la palabra de la presidenta o si nuevamente tendremos que esperar a que sea otro periodista quien encuentre las respuestas que las instituciones todavía no quieren encontrar…