Columna Periodística -Sin Redundar- Por Carlos Avendaño 2 Noviembre 2026
¡Las autoridades que no investigan, son cómplices! ¿En dónde chingados está la justicia? ¡Hágame usted el condenado favor, estimado lector! En México, al parecer, los periodistas tienen que hacer el trabajo que deberían estar haciendo las autoridades: localizar a personajes cuestionados, exhibir presuntas irregularidades y poner sobre la mesa información que exige una explicación pública. Primero fue TV Azteca, que localizó en Lugano, Suiza, a Jorge Amílcar Olán Aparicio, empresario señalado en investigaciones periodísticas por sus negocios y contratos vinculados con gobiernos de la llamada Cuarta Transformación, además de sus relaciones con personas cercanas a los hijos del expresidente Andrés Manuel López Obrador. El reportaje provocó nuevas preguntas sobre el origen de estos negocios y la actuación de las autoridades mexicanas. Y uno se hace la pregunta: si un equipo periodístico puede cruzar fronteras, investigar y encontrar a un personaje en Suiza, ¿Qué es lo que están haciendo las instituciones encargadas de investigar posibles delitos? ¿Esperar a que los reporteros les entreguen el expediente completo, con fotografías, videos y hasta la ubicación? Que quede claro algo, aparecer en un reportaje no convierte a nadie en delincuente, pero cuando existen indicios sobre posibles delitos, corresponde a la Fiscalía determinar si hay elementos para abrir o continuar una investigación, pero lo que no puede ocurrir es que la exigencia de pruebas se convierta en una excusa para no esclarecer absolutamente nada. Y por si el caso de Amílcar Olán no fuera suficiente, ahora tenemos el escándalo en el Instituto Nacional Electoral (INE). Investigaciones periodísticas de Latinus y otros medios, pusieron bajo la lupa contratos, proveedores y posibles conflictos de interés, relacionados con el entorno de Guadalupe Taddei Zavala. La Auditoría Superior de la Federación (ASF) informó que existen indicios de posibles irregularidades en contrataciones y triangulación de recursos, por lo que abrió una investigación. Taddei anunció su renuncia a la presidencia del INE, aunque esto no demuestra por sí mismo que sea responsable de algún delito. Y aquí la pregunta es todavía más que incómoda: ¿Si los medios no hubieran publicado estas investigaciones, las autoridades habrían actuado con la misma diligencia? Porque una cosa es que la prensa exhiba posibles anomalías, y otra cosa muy distinta, es que las instituciones hagan su trabajo. Los periodistas pueden investigar, documentar y denunciar, no les corresponde integrar una carpeta ministerial, perseguir delitos ni dictar sentencias, porque esta responsabilidad es únicamente del Estado. Por esto, cuando una autoridad recibe información verificable y existen elementos suficientes para investigar, pero omite deliberadamente actuar para proteger a alguien, la omisión puede tener consecuencias legales. La complicidad no se presume automáticamente: debe de acreditarse. Pero tampoco puede utilizarse esta precisión jurídica, para justificar la pasividad institucional. México no necesita fiscales que se enteren de los casos por televisión, ni órganos de control que despierten únicamente cuando el escándalo ya es nacional. Necesita investigaciones serias, resultados verificables y sanciones, cuando se demuestre que alguien abusó de su cargo o desvió recursos públicos. La pregunta no es solamente, ¿Quién denuncia la corrupción? sino ¿Quién investiga? ¿Quién protege los expedientes? y ¿Quién responde cuando las instituciones no cumplen con su obligación? Así es que volvamos a la pregunta del millón, estimado lector: si los periodistas encuentran a los señalados y documentan las irregularidades, ¿En dónde chingados están las autoridades? Porque la justicia no puede depender de que un reportero llegue primero que un fiscal, y si alguien está utilizando su cargo para encubrir delitos, que se le investigue y que se proceda conforme a la ley. ¡Ya estuvo bueno que el periodismo exhibiera y las autoridades se hicieron las desentendidas!...

