**Columna Periodística -Sin Redundar- Por Carlos Avendaño 6 Noviembre 2026 ** ¡Yeraldine Bonilla se va del gobierno de Sinaloa! ¿Renuncia personal o reacomodo político en Sinaloa? La salida de Yeraldine Bonilla Valverde de la Secretaría General de Gobierno de Sinaloa vuelve a mover las piezas del tablero político estatal en Sinaloa. Su renuncia, anunciada mediante un comunicado en las benditas redes sociales, no pasó por inadvertida, sobre todo por los agradecimientos que dirigió a la gobernadora Graciela Domínguez Nava y al exmandatario Rubén Rocha Moya. Y aquí es en donde comienzan las preguntas incómodas tal vez. Yeraldine Bonilla Valverde llegó a ocupar un papel central en el gobierno sinaloense después de que Rubén Rocha Moya solicitara licencia en medio de investigaciones y señalamientos por presuntos vínculos con el narcotráfico por parte de los Estados Unidos de Norteamérica. Ahora, después de este episodio, decide dejar la Secretaría General de Gobierno del Estado de Sinaloa. ¿Se tratará simplemente de una decisión personal o estamos ante otro movimiento dentro de un gobierno que intenta reorganizarse en medio de una gravísima crisis política? Nos llama muchísimo la atención el agradecimiento al exgobernador Rubén Rocha Moya. En política, los mensajes públicos también tienen destinatarios y los reconocimientos suelen decir tanto como los silencios. Pregunta por demás que obligada: ¿Es una despedida institucional o una señal de lealtad que vale la pena leer con atención? Por supuesto, renunciar es un derecho y nadie está obligado a permanecer en un cargo público. Pero cuando se trata de una de las posiciones más importantes del gabinete, la ciudadanía merece conocer las razones, los pendientes y, sobre todo, quién asumirá la responsabilidad de conducir la política interna de Sinaloa. El estado no necesita más movimientos envueltos en comunicados de cortesía, sino que necesita estabilidad, transparencia y respuestas. Porque mientras los políticos agradecen y se despiden, los sinaloenses siguen esperando resultados en seguridad, gobernabilidad y tranquilidad. En Sinaloa cambian los nombres, pero la pregunta sigue siendo la misma: ¿Cuándo comenzarán a cambiar las cosas?...
¿Quién gobierna Culiacán mientras se investiga a Juan de Dios Gámez? ¡Porque Culiacán no puede quedarse en el limbo! La licencia de Juan de Dios Gámez Mendívil venció el pasado 31 de octubre y Culiacán sigue atrapado en una pregunta que las autoridades parecen pasarse de una oficina a otra, ¿Quién debe de gobernar legalmente el municipio? El alcalde solicitó separarse del cargo luego de ser señalado por las autoridades estadounidenses por presuntos vínculos con el crimen organizado. Se trata de señalamientos que deberán de investigarse y de acreditarse, porque nadie puede ser declarado culpable sin pruebas ni el debido proceso. Pero tampoco puede convertirse una investigación, en pretexto para mantener indefinida una situación administrativa. La presidenta municipal interina sostiene que puede continuar en funciones mientras siga la investigación. Sin embargo, la Constitución estatal establece un límite de seis meses para las licencias. Entonces nace la pregunta obligada: ¿Qué pesa más, la interpretación de una autoridad municipal o lo que establece la ley? El Cabildo debe de resolver primero y el Congreso estatal esperará su determinación para intervenir en la designación de un sustituto. Mientras tanto, Culiacán, la ciudad capital de Sinaloa, no puede quedar sujeto a interpretaciones, cálculos políticos ni silencios convenientes. Aquí no se trata de condenar anticipadamente a Juan de Dios Gámez, sino de exigir claridad institucional. Si no hay impedimento legal para que continúe la interina, que lo expliquen con fundamento, y si corresponde nombrar un presidente municipal sustituto, que se cumpla el procedimiento. Porque una cosa es respetar la presunción de inocencia, y otra cosa muy distinta, es dejar al gobierno de la capital sinaloense en una especie de limbo político. La ciudadanía merece saber quién tiene la responsabilidad, quién toma las decisiones y quién responde por ellas. La ley no puede aplicarse a conveniencia ni ponerse en pausa cuando el problema incomoda al poder…

