Columna Periodística -Sin Redundar- Por Carlos Avendaño 16 Noviembre 2026
¡México bajo la lupa de Washington! ¿Hasta dónde llegan los señalamientos de corrupción y narcotráfico? La relación entre México y los Estados Unidos atraviesa un momento delicado. Y no es solamente por los desacuerdos comerciales, migratorios o de seguridad fronteriza. Ahora, los señalamientos contra funcionarios mexicanos por presuntos vínculos con el narcotráfico y la corrupción están colocando al gobierno mexicano bajo una presión cada vez mayor. Uno de los casos que más ha llamado la atención es el del juez federal Luis Benítez Alcántara, detenido en Colombia a petición de los Estados Unidos. Las autoridades estadounidenses lo acusan de recibir un soborno de dos millones de dólares para favorecer la liberación de Andrew Clark, señalado como integrante de alto rango de la organización criminal de Ryan Wedding. El juez enfrenta nueve cargos, aunque hasta ahora se trata de acusaciones que deberán probarse ante los tribunales. La propia presidenta Claudia Sheinbaum Pardo confirmó que los Estados Unidos había solicitado detenerlo en México, pero que finalmente fue capturado en Colombia. El episodio abre interrogantes sobre la capacidad de las instituciones mexicanas para detectar y sancionar posibles actos de corrupción dentro de sus propias estructuras. Y en Sinaloa el asunto adquiere una dimensión todavía más sensible. Las acusaciones estadounidenses contra Rubén Rocha Moya y otros funcionarios han colocado al estado en el centro de una controversia que exige respuestas institucionales, investigaciones serias y transparencia. A ello se suman los reportes sobre revocaciones de visas a políticos mexicanos, un tema que también alimenta la tensión bilateral. Pero cuidado: una acusación no equivale a una sentencia, y la presunción de inocencia debe respetarse. Eso no significa que las autoridades puedan evadir las preguntas ni esconderse detrás de discursos de soberanía. Porque aquí hay dos asuntos que no deben confundirse: México tiene el derecho de exigir respeto a sus instituciones y a sus procedimientos legales, pero también tiene la obligación de investigar cualquier señalamiento sustentado sobre corrupción o colaboración con organizaciones criminales. ¿O acaso la soberanía debe convertirse en un escudo para impedir que se conozca la verdad? Washington tampoco puede pretender sustituir a las instituciones mexicanas. Sin embargo, cuando las investigaciones estadounidenses exhiben posibles redes de corrupción que operan en territorio nacional, la pregunta inevitable es por qué nuestras propias autoridades no detectaron, investigaron o actuaron oportunamente. El verdadero desafío para México no consiste en ganar una discusión diplomática con Estados Unidos, sino en demostrar que puede investigar y sancionar a cualquier funcionario, sin importar su cargo, partido o cercanía con el poder. ¡La soberanía se defiende con instituciones fuertes, justicia independiente y cuentas claras; no con silencios ni descalificaciones! Porque si la corrupción y el narcotráfico logran penetrar las instituciones, el problema deja de ser exclusivamente de seguridad: se convierte en una amenaza para la confianza pública y para la relación de México con el mundo…

