Omar García Harfuch, flamante secretario de Seguridad Ciudadana, explicó que los mineros asesinados en Concordia, Sinaloa, habrían sido confundidos con integrantes de un grupo criminal rival. Esa es -dijo- la versión de los primeros detenidos. Una confusión, un error. Un “malentendido” armado con rifles. La declaración la hizo en la conferencia mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. Lugar solemne con micrófono abierto y relato oficial servido. Según esta versión, los responsables pensaron que los mineros eran otra cosa. No trabajadores, no padres de familia, no personas, sino otra cosa y por eso los mataron. Pero como suele ocurrir en este país, siempre hay otros datos. No confirmados, no judicializados, no dichos en la mañanera, pero conocidos en el territorio. Datos que circulan porque la violencia no es abstracta para quienes la viven. De manera extraoficial -y subrayemos el término- se presume que una empresa minera pagaba alrededor de 200 mil pesos mensuales como “derecho de piso”. Una cuota fija por operar, por existir, por no tener problemas. Hasta que el monto dejó de ser suficiente, hasta que se exigió más, mucho más. Y cuando no hubo acuerdo, pues vino el levantón y después, la fosa. Si esto se confirma, no estamos ante una confusión trágica ni un error táctico. Estaríamos frente a un sistema de extorsión estructural, en donde la violencia es el mecanismo de cobro y la muerte la cláusula final del contrato. Cinco cuerpos ya fueron identificados en una fosa clandestina en la comunidad de El Verde. Cinco familias que dejaron de esperar llamadas y empezaron a recibir certezas, las peores. Aquí el contraste es brutal: 200 mil pesos por el silencio, cero pesos por la vida del minero. Mientras desde el centro del país se habla de investigaciones abiertas y de operativos en curso, en Sinaloa la indignación ya no cabe en el pecho. Porque la narrativa oficial intenta explicar el crimen, pero no explica el contexto. Y sin contexto, la violencia siempre parece accidental. Decir que los mataron “por confusión” puede servir para una conferencia, pero no alcanza para explicar por qué trabajar en una mina puede terminar en una fosa. Ni por qué extorsionar se volvió parte del costo de hacer negocios. Ni por qué el Estado llega después, otra vez, a contar cuerpos. La realidad hoy es brutal y simple: cuando la vida vale menos que la cuota, no hay error posible. Hay cierta impunidad organizada. Y mientras esto no se diga con todas sus letras, seguiremos oyendo explicaciones y encontrando muertos…
En El Verde, Concordia, no solo se buscan cuerpos, también se busca información. El SEMEFO no entró por el acceso habitual, no llegó por el camino donde estaban los medios. No cruzó por donde aguardaban las madres buscadoras. La unidad tomó una brecha improvisada, ingresó por la zona de la Presa de Los Tecolotes y evitó cámaras y preguntas. Primero el encuentro en carretera, luego el retorno, después la persecución con fotografías rápidas y rebases. Y finalmente, la confirmación: la camioneta del SEMEFO nunca llegó por la ruta visible, sino que entró por otro lado. Las autoridades pueden argumentar razones operativas: seguridad perimetral, protección de la escena, resguardo de indicios. Es válido, porque en investigaciones de alto impacto, la cadena de custodia es prioridad, pero el contexto pesa porque no se trata de una escena cualquiera. Se trata de una fosa clandestina donde ya se identificaron cuerpos de mineros desaparecidos. Se trata de familias devastadas, se trata de un municipio herido. Y cuando en medio de esa herida el acceso se vuelve discreto, el silencio empieza a doler tanto como la tierra removida. Las madres buscadoras no son intrusas, son consecuencia. Los medios no son una amenaza, son testigos. Cuando la autoridad opta por esquivar en lugar de explicar, el vacío se llena solo. Y el vacío en Sinaloa casi siempre se llena con sospecha. ¿Se trató de una medida de seguridad legítima? ¿O de un intento por evitar imágenes incómodas? ¿Se protege la investigación o se administra la narrativa? En un estado en donde las fosas no son la excepción sino el patrón, la confianza pública es frágil. Y la confianza no se fortalece con rutas alternas ni con maniobras evasivas. Si el caso es tan grave como parece, lo que se necesita es claridad no discreción excesiva. Porque cuando el SEMEFO entra por la brecha, el mensaje que queda es que algo no quieren que se vea. Y en una tierra en donde ya se ha ocultado demasiado bajo el suelo, cualquier desvío despierta la misma pregunta inevitable: ¿Qué tan profundo es lo que aún no nos dicen?…
Zoé Robledo Aburto, flamante director del IMSS, afirmó que el regreso del sarampión es consecuencia de fallas heredadas de gobiernos anteriores. El argumento es cómodo: si el problema es viejo, la culpa también. Pero lo que no dijo es que México logró eliminar la circulación endémica del sarampión hace décadas gracias a campañas masivas de vacunación sostenidas durante distintos sexenios. Tampoco mencionó que durante años el país mantuvo coberturas suficientemente altas como para evitar brotes generalizados. La erradicación no fue obra de un partido, fue una política de Estado. También es cierto que en el periodo del Seguro Popular -con todos sus defectos- se amplió el acceso a servicios de salud y se fortalecieron esquemas de cobertura que incluían vacunación universal infantil. El modelo era perfectible, pero el indicador central se mantenía: altas tasas de inmunización. El sarampión no reaparece por nostalgia política, reaparece cuando la cobertura cae por debajo del umbral necesario -alrededor del 95% con dos dosis- para garantizar inmunidad colectiva. Y esto no ocurrió en 2006, ni ocurrió en 2012, ni ocurrió en 2018, esto ocurre ahora. Los niños que han muerto en este brote nacieron en los últimos años de 2018 a la fecha. No fue en los sexenios de Fox, de Calderón o de Peña Nieto. Estos niños nacieron cuando la política sanitaria ya estaba bajo la conducción del actual proyecto gubernamental. Esto no significa que toda la responsabilidad histórica desaparezca. Pero sí significa que la obligación constitucional de garantizar vacunación oportuna corresponde a quienes nos gobiernan hoy en día. En salud pública no existe la herencia infinita. La prevención exige continuidad presupuestal, logística eficaz, cadenas de frío funcionales, personal suficiente y campañas permanentes. Si cualquiera de estos engranajes falla durante varios años consecutivos, el retroceso es por demás inevitable. El discurso de “los otros datos” puede funcionar en política, pero en la epidemiología no. Si hoy hay brotes y muertes por una enfermedad prevenible, la pregunta no es quién gobernaba hace veinte años. La pregunta es por qué no se alcanzó la cobertura necesaria en los últimos ciclos de vacunación. Culpar al pasado puede ser una estrategia narrativa, pero el virus solo responde al presente. Y cuando un niño muere por una enfermedad prevenible, el argumento histórico no lo revive…